Crisis del agua en México: 12 millones sin acceso y ríos al borde del colapso
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 12 millones de personas en México carecen de acceso regular al agua potable. Esta cifra es alarmante, especialmente en un contexto donde el cambio climático, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la contaminación de ríos y lagos están agravando la crisis hídrica.
En estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México, comunidades enteras deben comprar pipas a precios elevados o caminar kilómetros para conseguir agua limpia. La situación se ha convertido en un problema estructural que requiere soluciones de fondo.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha identificado más de 200 empresas con descargas irregulares en estas cuencas, pero pocas han sido sancionadas. Esto no solo afecta el equilibrio ecológico, sino también el derecho humano al agua, reconocido por la Constitución mexicana desde 2012. Sin agua limpia, no hay salud, agricultura ni desarrollo sostenible.
El acceso desigual al agua también refleja profundas desigualdades sociales. Mientras en zonas urbanas se desperdician millones de litros al día por fugas o mal uso, en regiones rurales el agua es escasa o está contaminada. Además, las políticas públicas han privilegiado el uso industrial y comercial del recurso, dejando a las comunidades en último lugar. Activistas y expertos exigen una reforma profunda a la Ley de Aguas Nacionales que garantice el acceso equitativo, la protección de los acuíferos y la gestión comunitaria del agua como bien común.
Mientras tanto, las consecuencias de la crisis del agua ya se sienten: aumento en enfermedades gastrointestinales, pérdida de cosechas, migración por falta de recursos y conflictos sociales por el control del agua. La situación se agrava en temporadas de sequía, como la vivida en 2023, donde varios municipios decretaron emergencia hídrica. Sin medidas integrales, el país se encamina a un colapso hídrico en muchas de sus regiones. La presión de la sociedad civil es hoy uno de los pocos motores que mantiene viva la agenda del agua.