El Congreso discute iniciativa para sancionar con cárcel a quienes contaminen cuerpos de agua
La Cámara de Diputados presentó una propuesta de reforma al Código Penal Federal que busca castigar con hasta seis años de prisión a personas físicas y responsables de empresas que contaminen ríos, lagos y otros cuerpos de agua en México. La iniciativa fue impulsada por legisladores del Partido Verde y Morena, en respuesta a la creciente presión ciudadana por la crisis ambiental que afecta a diversas cuencas del país, entre ellas la del Río Atoyac.
Esta medida representa un cambio importante en la forma en que se enfrenta la contaminación: no solo desde lo administrativo, sino desde lo penal.La propuesta contempla la creación del delito de "contaminación ambiental dolosa", que aplicaría a quienes realicen descargas ilegales, manejen sustancias tóxicas sin control o permitan filtraciones de residuos que dañen ecosistemas acuáticos. También establece sanciones económicas, trabajo comunitario y la obligación de reparar el daño ecológico.
Se busca con ello frenar la impunidad que ha prevalecido durante décadas, donde muchas industrias contaminan sin recibir castigos proporcionales. El dictamen fue bien recibido por sectores académicos y ambientalistas, aunque también se han alzado voces críticas.
Algunos expertos en derecho ambiental señalan que, aunque la iniciativa es positiva, su eficacia dependerá de su correcta aplicación. Temen que, como muchas leyes en México, quede en el papel si no se garantiza su operatividad. Además, se requerirán peritajes ambientales, laboratorios certificados y un aparato judicial capacitado para procesar este tipo de delitos. También preocupa que no se haya definido con claridad qué parámetros técnicos se utilizarán para demostrar la "intención dolosa" en la contaminación. Sin criterios sólidos, las denuncias podrían ser desestimadas por tecnicismos.
Por su parte, representantes de la industria han advertido que esta reforma podría tener un impacto negativo en la inversión si se aplica de forma "punitiva" sin considerar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para cumplir con todas las normas. Han pedido que se incluya una etapa de regularización y acompañamiento técnico para evitar que el endurecimiento legal derive en cierres masivos. El sector empresarial afirma estar dispuesto a colaborar en la protección del ambiente, pero exige reglas claras y trato justo.