Convenio de saneamiento entre Puebla y Tlaxcala

El gobierno federal anuncia un incremento del 10% al salario mínimo, buscando mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  

El 2024 cerró con un anuncio importante: los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala firmaron un convenio conjunto para atender la problemática ambiental del Río Atoyac. Esta alianza intergubernamental plantea, entre otros puntos, la coordinación para el monitoreo de descargas, el fortalecimiento de plantas tratadoras de aguas residuales y la creación de campañas de concientización ciudadana. Desde hace años, expertos y colectivos han exigido un plan de acción conjunto entre ambas entidades, ya que la contaminación no reconoce límites políticos. 

Este acuerdo fue presentado como un "hito ambiental", pero también despertó dudas sobre su alcance real y su capacidad de ejecución.Asimismo, se anunció la intención de involucrar a la Federación y a organismos internacionales en el proceso, con el fin de obtener recursos y asesoría técnica. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos los mecanismos de fiscalización, ni los presupuestos asignados para cada acción, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad.

Organizaciones ambientales como Dale la Cara al Atoyac, Greenpeace México y el Colectivo Hermanos Serdán han señalado que este tipo de convenios ya han sido firmados en el pasado sin resultados tangibles. En 2018 se presentó un Plan Integral de Saneamiento del Atoyac con líneas de acción muy similares, pero su implementación fue fragmentaria y carente de seguimiento. Hoy, muchas de las metas planteadas entonces siguen sin cumplirse, lo que hace temer que el nuevo convenio repita errores del pasado. Además, preocupa que no se esté considerando la participación activa de las comunidades afectadas, ni se les esté reconociendo como actores fundamentales.

 La Cofepris ha señalado a más de 60 empresas como posibles responsables, pero muchas de ellas continúan operando sin sanciones visibles. Este tipo de omisiones debilita la confianza ciudadana en las políticas ambientales y da lugar a sospechas de impunidad. Si el convenio no incluye mecanismos reales de vigilancia y sanción, difícilmente podrá revertir la degradación del Atoyac.

Otro aspecto que ha generado críticas es la falta de enfoque en justicia ambiental. Las comunidades ribereñas han sufrido por años los efectos de la contaminación: enfermedades gastrointestinales, problemas respiratorios, afectaciones en cultivos y escasez de agua limpia. Sin embargo, sus voces siguen siendo marginalizadas en los discursos institucionales. No basta con firmar documentos; se necesita una estrategia que parta del reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. Incluir a los afectados en el diseño y evaluación de políticas es esencial para garantizar soluciones sostenibles y con arraigo social.

Recientemente, algunos colectivos ciudadanos solicitaron a los gobiernos estatales crear un consejo binacional ciudadano que dé seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Esta figura permitiría auditar los recursos invertidos y denunciar irregularidades en tiempo real. Aunque la propuesta aún no ha sido formalmente aceptada, la presión social crece, especialmente en redes sociales donde el tema ha ganado visibilidad. La sociedad exige resultados medibles, no solo discursos optimistas.